LA COCAÍNA ENCARGADA, CARGADA POR EL HERMANO DEL PRESIDENTE DE HONDURAS; Juan Antonio Hernández Alvarado, También Conocido Como "Tony Hernández", También Enfrenta Cargos De Mentir A Agentes Federales


Juan Orlando Hernández ha recibido severas denuncias por lideres de oposición y peor aun de la DEA y Estados Unidos

El Gobierno de Honduras emitió un comunicado en el que rechaza las insinuaciones hechas por el diario estadounidense The New York Times, en las que señala que dinero del narcotráfico habría sido utilizado en la campaña pasada del actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH, como es conocido por la prensa en ese país).

El artículo fue publicado el sábado por el diario estadounidense y en este asegura que las autoridades de Estados Unidos tienen pruebas de que la agrupación criminal los Cachiros —dedicada al tráfico de drogas— pagó sobornos al expresidente Porfirio Lobo Sosa, y que esos fondos pudieron ir a parar a la campaña de Hernández.

“Los investigadores también recopilaron evidencias de que el expresidente de Honduras Porfirio Lobo tomó sobornos para proteger a los traficantes y que el dinero de la droga pudo haber ayudado a financiar el ascenso del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández”, señala la publicación.

The New York Times hizo una reseña del juicio del narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel los Cachiros, quien durante su juicio realizó revelaciones que impactaron a la opinión pública.

Reveló haber participado en el crimen de al menos 78 personas y que tenía vínculos con varios políticos, incluyendo al entonces presidente Porfirio Lobo Sosa y su hijo Fabio Lobo, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Sobre las aseveraciones realizadas en la publicación, el Gobierno destaca la veracidad de la lucha que se ha realizado contra las bandas de narcotraficantes en el país y la lucha por evitar que el país siga siendo un puente para que la droga llegue a Estados Unidos.

Sin embargo, rechaza que fondos del tráfico de drogas hayan sido utilizados para impulsar la candidatura del actual presidente y las calificó como insinuaciones falsas.

“Han recurrido a insinuaciones falsas que buscan involucrar y desacreditar a su principal enemigo, el presidente Hernández, sin aportar ninguna evidencia de sus acusaciones, simplemente porque son falsas”, indica el comunicado de Casa Presidencial.

“Se equivocan quienes piensan que con estas acciones podrán volver a actuar en la impunidad. El presidente ha señalado una y otra vez que en Honduras nadie está, ni puede, ni debe estar por encima de la ley”, puntualiza el documento.

El periódico estadounidense también reveló que narcotraficantes hondureños pagaron $300,000 por el asesinato del zar antidrogas general Julián Arístides González Irías.

Rivera dijo que habría pagado $400,000 en sobornos a Porfirio Lobo, expresidente de Honduras, para que no lo extradita hacia Estados Unidos.

 

LA COCAÍNA ENCARGADA, CARGADA POR EL HERMANO DEL PRESIDENTE DE HONDURAS; Juan Antonio Hernández Alvarado, También Conocido Como «Tony Hernández», También Enfrenta Cargos De Mentir A Agentes Federales

Tony Hernández la segunda cabeza del cartel

Juan Antonio Hernández Alvarado, “Tony Hernández”, también enfrenta cargos por mentir a agentes federales
Geoffrey S. Berman, el Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Raymond Donovan, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron hoy que el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, a / k / a «Tony Hernández» («HERNÁNDEZ») fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y Hacer declaraciones falsas a agentes federales. HERNÁNDEZ es el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El caso está asignado al juez de distrito de los Estados Unidos, P. Kevin Castel. HERNÁNDEZ fue arrestado el 23 de noviembre de 2018 en Miami, Florida, 

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: «Como se alegó, el ex congresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas que estaban destinadas a los Estados Unidos. Hernández supuestamente organizó la seguridad de la cocaína con ametralladoras embarques, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información confidencial para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y se enfrenta a la justicia en los tribunales estadounidenses «.

El agente especial a cargo Raymond Donovan dijo: “El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimentan la violencia y la inestabilidad, y dañan a familias y comunidades inocentes. Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos «.

HONDURAS

Por largo tiempo uno de los países más pobres de Latinoamérica, Honduras se cuenta ahora también entre los más violentos y azotados por la criminalidad. Son causantes de la violencia grupos narcotraficantes locales, pandillas, elementos corruptos de los organismos de seguridad y organizaciones criminales transnacionales, principalmente de México y Colombia.

En años recientes, Honduras se ha erigido como país de tránsito estratégico para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos. La inestabilidad se ha exacerbado con la agitación política, luego del golpe de 2009, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

El control de las actividades ilegales en Honduras se encuentra en manos de poderosos grupos criminales locales conectados con las élites políticas y económicas. El sistema judicial adolece de interferencia política y corrupción, así como de falta de capacidad y transparencia.

La policía de Honduras es una de las instituciones de orden público más corruptas y que más desconfianza generan en Latinoamérica, y el ejército del país también ha sido acusado de participar en actividades criminales. Sin embargo, el Partido Nacional, en el poder desde 2009, ha delegado cada vez más funciones de vigilancia policial en el Ejército, en especial la lucha contra las pandillas, como la MS13 y Barrio 18.


Geografía

Honduras, segundo país más extenso de Centroamérica, limita con Guatemala al oeste, con El Salvador al suroeste, y con Nicaragua al sureste. El país tiene un largo litoral sobre el mar Caribe y acceso al océano Pacífico por un golfo al sur.

La remota región selvática de Mosquitia, al noreste, y pequeñas islas frente a la costa Caribe se han convertido en importantes puntos de aterrizaje para narcovuelos y cargamentos de barcos procedentes de Colombia, principal productor de cocaína en Suramérica. Vastas porciones de las selvas del país han sido taladas por los narcotraficantes para construir pistas de aterrizaje y crear oportunidades de lavado de dinero. La frontera de Honduras con Guatemala, deshabitada en su mayor parte, es un cruce importante para productos de contrabando y narcóticos.

Las pandillas se concentran en las zonas urbanas más pobladas del país, incluyendo la capital Tegucigalpa, el polo económico de San Pedro Sula, y la ciudad costera La Ceiba, sobre el Caribe.

Historia

Honduras se independizó en 1838. Sus primeros 50 años se caracterizaron por tensiones entre facciones políticas. Desde comienzos de la década de 1900, Estados Unidos entró con fuerza en Honduras, incluyendo el despliegue de soldados estadounidenses, debido a las grandes inversiones de firmas estadounidenses en la industria bananera, que transformaron a Honduras en una de las llamadas “repúblicas bananeras”.

La agitación política y graves problemas económicos, derivados en gran parte de la dependencia del país en las exportaciones, atizaron una rebelión militar en 1957, que abrió paso a un régimen militar de varias décadas marcadas por una serie de escándalos, un golpe no violento y una fugaz guerra con el vecino El Salvador. Entre las décadas de 1970 y 1990, Honduras fue una isla de estabilidad relativa en la región, mientras sus vecinos centroamericanos —Guatemala, Nicaragua y El Salvador— eran sacudidos por guerras civiles. Pero dada su condición de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica, rodeado por la guerra, Honduras se hizo vulnerable a la corrupción y el crimen organizado.

A lo largo de la década de 1980, Honduras fue usada como trampolín para el movimiento de todo tipo de mercancías ilícitas, desde drogas hasta armas y contrabando —aun después de concluida la guerra, se mantendrían estas rutas de tráfico.

El gobierno estadounidense, concentrado en combatir lo que consideraba la amenaza comunista en la región, usó a Honduras como plataforma para apoyar a combatientes anticomunistas en El Salvador y Nicaragua, llegando incluso a fundar bases de entrenamiento y ataque a lo largo de las fronteras del país. Honduras se militarizó progresivamente en ese periodo, lo que abonó el terreno para que los poderes económicos tradicionales quedaran eclipsados por una nueva élite.

Durante este periodo, el primer narcotraficante importante de Honduras, Juan Ramón Matta Ballesteros, creó un “puente hondureño” para el hampa, entre el emergente cartel de Guadalajara, de México, y el cartel de Medellín, de Colombia, para facilitar el trasiego de cocaína hacia el norte con destino a Estados Unidos. Matta Ballesteros dependía de sus nexos con la cúpula del poder en Honduras, en particular dentro del ejército, y era propietario de negocios legítimos en el país. El gobierno estadounidense incluso llegó a contratar a la aerolínea de Matta Ballesteros para transportar armas y ayuda a los “Contras” de Nicaragua, financiados en secreto por Estados Unidos, quienes combatían contra el gobierno sandinista de izquierda.

En 1985, Matta Ballesteros se convirtió en uno de los hombres más buscados de la región, cuando él y el cartel de Guadalajara presuntamente torturaron y asesinaron al agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique Camarena. En 1988, Matta Ballesteros fue arrestado por alguaciles estadounidenses en Honduras y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado por secuestro, cargo por el que aún paga una pena en ese país.

La década de 1990 se vio afectada por el aumento del crimen y la violencia, la corrupción, la crisis económica y la devastación ambiental causada por el huracán Mitch, una de las peores tormentas en la historia del hemisferio occidental.

A comienzos de la década de 2000, Honduras experimentó un nuevo recrudecimiento del narcotráfico y otras actividades ilícitas. A medida que las organizaciones narcotraficantes mexicanas ejercían mayor control en la cadena de distribución, crecía la importancia de Centroamérica. Por todo Honduras surgieron grupos traficantes locales, el más importante de los cuales fue el de Los Cachiros, en el departamento de Colón, sobre la costa Caribe al noreste del país, y Los Valle en la provincia de Copán, al oeste, en límites con Guatemala. Estas organizaciones trabajaban con otros capos hondureños, como el magnate empresarial y traficante José Natividad “Chepe” Luna y el narco José Miguel “Chepe” Handal, además de grupos internacionales, como el cartel de Sinaloa.

El presidente Manuel Zelaya subió al poder en 2006 con las promesas de combatir el crimen e implementar programas sociales. Pero en 2009, Zelaya fue derrocado en un golpe militar, luego de convocar a un referendo constitucional para preparar el camino para su reelección. Los grupos criminales han aprovechado la agitación política resultante, así como la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la élite del país, para expandir sus actividades.

En la década de 2010, la tasa de homicidios se disparó en Honduras, hasta alcanzar un pico en 2011 y desde entonces ha ido descendiendo lentamente. Los factores principales de esta violencia son pandillas, como Barrio 18 y la MS13, que concentran sus actividades criminales en áreas urbanas y reclutan a jóvenes, muchos de los cuales padecen la desigualdad económica y la falta de oportunidades generalizadas. Estas pandillas, también presentes en Guatemala y El Salvador, ejercen muchas veces influencia sobre barrios enteros, imponiendo su ley, exigiendo pagos de extorsiones a negocios y residentes, y manejando la venta local de estupefacientes y redes de secuestro.

Desde 2003, Honduras se ha regido por una estrategia de seguridad represiva contra las pandillas. Estas políticas, que no tratan las causas originarias del pandillerismo ni brindan rehabilitación a los pandilleros, han generado un aumento de la población carcelaria y recargado el ya tambaleante sistema penal en Honduras.

El Partido Nacional ha mantenido el control de la presidencia desde el golpe de 2009, primero con el presidente Porfirio Lobo Sosa y luego con la elección en 2013 del presidente Juan Orlando Hernández, y de su controvertida reelección en 2017, que se ha visto afectada por denuncias de fraude.

En 2010, por vez primera Estados Unidos designó a Honduras como principal país de tránsito de drogas. Desde entonces, se han intensificado las actividades de narcotráfico en la región, movidas en parte por un auge de la producción de cocaína en la región andina. Honduras ha cooperado estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años. En mayo de 2014, Carlos “El Negro” Lobo se convirtió en el primer traficante de drogas hondureño extraditado a Estados Unidos. Otros sospechosos criminales de alto perfil han sido extraditados posteriormente, y varios de ellos han entregado información a las autoridades estadounidenses en el marco de negociación de penas.

En ocasiones dicha cooperación ha desatado controversias. En 2012, varias redadas antinarcóticos realizadas con ayuda de las autoridades estadounidenses presuntamente implican el uso injustificado de fuerza letal, lo que incluyó un caso en el que varios civiles resultaron muertos.

Las protestas generalizadas contra la corrupción en 2016 motivaron la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Fiscalía General de Honduras ha trabajado con la MACCIH en la investigación de esquemas de corrupción que implican a élites políticas y económicas, incluido el presidente Hernández.

Policia vinculada al narcotráfico

Honduras tiene un cuerpo nacional de policía bajo la vigilancia de la Secretaría de Seguridad, que en 2016 tenía menos de 14.000 agentes, y ambiciosos planes de duplicar su pie de fuerza para 2022. La policía nacional es la encargada de evitar e investigar los delitos en Honduras, y está conformada por la Policía Preventiva Nacional y diferentes unidades especiales centradas en operaciones antipandillas y antinarcóticos, investigaciones, inteligencia y policía comunitaria. La policía también trabaja en coordinación con una fuerza de tarea contra el crimen, conocida como FUSINA, que incluye a fiscales y soldados.

La policía de Honduras es una de las más corruptas de la región. Los agentes de policía hondureños han sido acusados de una gran variedad de actividades criminales, que incluyen corrupción, entrega de información a grupos criminales, dejar pasar cargamentos de drogas sin inspeccionar, y la presunta participación en operaciones criminales violentas, e incluso la dirección de estas. A comienzos de 2016, Honduras creó una comisión de depuración de la policía, luego de revelaciones de que miembros de la cúpula policial habían participado en el asesinato en 2009 del zar antinarcóticos de Honduras. Al contrario de anteriores tentativas de depuración, la comisión hizo avances tempranos, pasando revista a cientos de oficiales de alto rango, y con el retiro de miles de agentes de la institución. Su mandato se renovó a comienzos de 2017 por, al menos, un año más. Pero un escándalo reciente ha puesto en duda la legitimidad de la comisión.

Honduras ha progresivamente militarizado la lucha contra el crimen organizado en años recientes, con el otorgamiento de facultades de vigilancia policial a los soldados en 2011 y con la creación de una fuerza élite de policía militar en 2013. La administración del presidente Hernández ha desplegado miles de efectivos de policía militar desde 2014, lo que según denuncias ha motivado violaciones a los derechos humanos, incluyendo el secuestro.

Para 2015, el ejército de Honduras, regentado por la Secretaría de Defensa Nacional, tenía alrededor de 24.000 miembros activos en su ejército, fuerza armada, marina y policía militar. Según la constitución de Honduras, la Secretaría de Seguridad puede convocar al ejército para cooperar en operativos contra el terrorismo y el tráfico de armas y narcóticos. Ha habido acusaciones de colusión de altos oficiales con grupos criminales para traficar narcóticos.

Sistema judicial

El órgano judicial supremo en Honduras es la Corte Suprema de Justicia, que incluye salas para casos constitucionales, laborales, penales y civiles. Por debajo de estas se encuentran la corte de apelaciones, juzgados de primera instancia para casos penales y civiles, y juzgados de paz municipales y de distrito. Honduras tiene una Fiscalía General que funciona como parte del Ministerio Público independiente, y maneja investigaciones penales.

La percepción general sobre el poder judicial en Honduras es que es débil, ineficaz y corrupto. Los procesos de designación de magistrados para la Suprema Corte y de fiscal general han sido objeto de manipulación por parte de diputados del Congreso, muchos de los cuales se han visto implicados en escándalos de corrupción. El Índice de Estado de Derecho 2017-2018, del proyecto World Justice Project clasificaba a Honduras como uno de los países con los sistemas de justicia penal más corruptos y menos efectivos de Latinoamérica y el Caribe. Debido a la debilidad del sistema judicial en Honduras, se ha extraditado a Estados Unidos a muchos sospechosos de alto perfil en casos de narcotráfico.

La MACCIH, organismo con aval internacional, ha apoyado las investigaciones sobre corrupción de la Fiscalía General desde 2016. Pero la reacción violenta de las élites implicadas, el llamado “pacto de impunidad” del Congreso y ataques legales que buscan debilitar la comisión han dificultado el avance de esas indagaciones.

Prisiones

El saturado sistema penitenciario de Honduras obedece órdenes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP) y administrado por la Policía Nacional. Para 2017, las cárceles en Honduras operaban a casi el 180 por ciento de su capacidad, a pesar de las reformas de 2014, que pretendían reducir el hacinamiento. Los detenidos en prisión preventiva representan más de la mitad de la población carcelaria y muchas veces enfrentan abusos y se les niega el debido proceso. Los centros carcelarios hacinados y faltos de presupuesto del país se ven afectados por revueltas, homicidios y condiciones deplorables, y esa disfunción crónica ha hecho posibles las fugas de presos. Las prisiones se han convertido en centros de actividad criminal para las pandillas, debido a la falta de control de las autoridades en muchas instalaciones

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