MISIÓN CONSTITUCIONAL Y DESAFORTUNADAS DECLARACIONES Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

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La crisis generada desde la ilegal e inconstitucional reelección del gobernante Juan Hernández el 2017, elección llena de sospechas, de faltas a la máxima norma de la nación, de violación a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la manipulación evidente del tristemente célebre Tribunal Supremo Electoral dirigido con mano de hierro por David Matamoros Batson, nos ha llevado donde todos los que vimos con visión prospectiva lo que pasaría, concluimos que estaríamos a estas alturas, un país ingobernable, una nación catalogada como narco-estado, una población en su más alto nivel de pobreza(67%) y en niveles superiores de pobreza extrema (47%), como nunca antes se ha visto en la historia de Honduras, una clase política miope, obtusa, torpe y desarticulada por los egos vanales y consejeros inexpertos que nunca han ganado ni una elección de una junta directiva de estudiantes de curso de un colegio, mucho menos, una elección a alcaldes, diputados o Presidentes, una empresa privada con un liderazgo actualmente dividida como el resto de la sociedad, iglesias a diestra y siniestra, con intereses más económicos que ecuménicos, nos llevó a escudriñar uno de los poderes fácticos del país, a las Fuerzas Armadas de Honduras, que a mi parecer, viven una crisis peor que la de la sociedad en general y, a las acciones y actitudes que muchos cuestionan de la institución armada.

La Carta Magna le asigna, por esos temores reales que existieron en los 80-tas, una función constitucional, en su Art. 272 las define como una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante , instituidas para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Se les establece además la responsabilidad de mantener el orden público junto con la Policía y, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso debiéndose poner a disposición del que ahora se llama Consejo Nacional Electoral, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas, de ahí, coincidiendo organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como los comentaristas políticos de todos los ambientes, nace el pecado original que condena al régimen de Juan Hernández y por ende, de la institución armada del país, que hasta este acontecimiento del 2017, era una de las instituciones más creíbles y respetadas de la sociedad, la realidad de hoy, nos muestra que ya no es así.

Desde la oposición hemos pedido respetuosamente, por lo menos en mi caso, que la Fuerza Armada se apegue a su mandato constitucional, que le señala la obligación de asegurarse de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y del libre sufragio, situaciones que fueron violentadas evidentemente en el proceso 2017 en el cual la característica dominante fue la opacidad del órgano electoral, solo hay que recordar cuantas veces se cayó el sistema después que había una tendencia marcada estadísticamente como irreversible y el suceso posterior de las incontables caídas del sistema del TSE que llevó a sus personeros a aseverar que el ganador de las elecciones era el inconstitucional candidato, gracias a los llamados “votos rurales”, es bueno señalar también que el gobernante factual gobierna con apenas un tercio de los votantes cuando dos tercios le adversan, es decir, no tiene, ni nunca tuvo, legitimidad de origen y mucho menos legitimidad de ejercicio.

Ante las pruebas más que evidentes que JH está involucrado, al menos, en la protección de su propio hermano TH, condenado en los juzgados de Nueva York por penas que van desde los 40 años hasta la cadena perpetua por utilizar las instituciones estatales y quizás, hasta la misma institución armada, para el tráfico ilegal de drogas, el lavado de activos, muertes , extorsiones, falso testimonio y todo lo relacionado con este flagelo, sabiendo que la persona más informada de Honduras, precisamente porque maneja ilegalmente el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional desde donde le da órdenes a los otros poderes del Estado, que deberían ser libres e independientes y sin relaciones de subordinación de acuerdo al Art. 4 Constitucional, del cual son parte las FFAA, es muy difícil no relacionar a la institución castrense con toda esa corrupción, esa manipulación malévola, maquiavélica y sucia, que desde Casa Presidencial se ha regado cual cáncer por toda la institucionalidad hondureña, manchando honores, familias e instituciones bajo la creencia de la impunidad nacional e internacional y que exhibe a nuestro país como el más desigual del continente, el más pobre del continente y el más corrupto del continente.

Esas declaraciones del máximo jerarca militar, producidas en medio de este ambiente, donde señala que sí dan golpe de estado se quedarán 30 años, son más que desafortunadas; son temerarias, irresponsables, ilegítimas, ilegales, inconstitucionales y constitutivas de delito pues violentan eminentemente la función de la institución que representa, nos regresan a los años 80-tas donde precisamente ese pensamiento produjo una Constitución con artículos pétreos, con un capítulo denominado de la Defensa Nacional para poder controlar los voraces apetitos de los militares de turno, son una afrenta para la democracia y en un país serio serían fundamento para una sustitución del llamado Estado Mayor Conjunto, sin embargo, eso no va a pasar por la complicidad existente con JH, la pregunta es, al resto del cuerpo armado del país, que viene del mismo pueblo de donde salimos todos, están dispuestos a dejarse manchar por una generación que decidió olvidar la Constitución y las leyes por los bastardos apetitos de unos pocos políticos corruptos?, no lo creo, es más aún creo que éste cuerpo colegiado que dirige las FFAA puede rectificar, porque equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios y perdonar es divino, piensen en sus hijos, piensen en su tranquilidad, piensen en su país y rectifiquen, están a tiempo, o déjense llevar por el tsunami que se avecina y que los ahogará a todos.

Finalmente, no soy de los que demagógicamente piden la extinción de la fuerza armada, todo estado moderno y serio tiene tres elementos, población, territorio y poder, el último se manifiesta de muchas formas, la defensa del territorio es uno de ellos y ahí, ocupamos a los militares, además, nuestra constitución, mientras no sea derogada , sigue vigente y les ha señalado otras obligaciones  constitucionales donde, asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de acuerdo a la Constitución del  82 es toral; respetuosamente les hago un llamado a la reflexión, desde el Partido Liberal, nadie, mucho menos quien escribe, les pedirá un golpe de estado, pedimos justo que cumplan su misión constitucional.

(*) Catedrático de la Unah. Secretario General del PL.

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